Uno de los grandes progresos de la justicia fue, sin duda, la desaparición del tormento y la tortura para el justiciable. Otra de las cuestiones que resolvieron de forma enfervorizada clásicos como Manuel Cortina, Francesco Carrara o más recientemente Francesco Carnelutti o Tomas Vives. Fue precisamente el secreto de las actuaciones respecto de terceros no intervinientes en los procesos administrativos o judiciales. El motivo fundamental de estas limitaciones de publicidad de los procesos no era otro que mantener a salvo y resguardada la intimidad y la presunción de inocencia de las personas sometidas a procesos. Ahora parece que el siglo XXI hemos dado un paso atrás que nos lleva a recordar al Marqués de Beccaria que en el siglo XVIII en su conocida obra de los delitos y de las penas ya puso de manifiesto la inmoralidad y el inmenso dolor y riesgo que producía para la sociedad el castigar sin que se hubiese producido todavía una resolución judicial con dentaria.
Con frecuencia, cuando algún político o personaje público de relevancia resulta inmerso en un procedimiento penal, la opinión publica tiende a hacer juicios paralelos sobre los hechos filtrados por los medios de comunicación del sumario judicial. La gente, manipulada mediáticamente va sacando sus conclusiones sobre la moralidad del personaje en cuestión, sin esperar a las conclusiones de la Sentencia, Sentencia que tardará años en dictarse y que para más inri podrá ser recurrida posteriormente, lo que conllevará a que la solución definitiva sobre la inocencia del imputado esté en entredicho mucho tiempo con las inherentes y dramáticas consecuencias que ello acarrea.
Casos tristemente recientes como el de Miguel Blesa o Rita Barberá ponen de manifiesto lo que lamentablemente está ocurriendo en España en los últimos años. Parece que lo que se busca en realidad es la venganza, la humillación y el castigo de la persona que presuntamente ha cometido un delito, sin importar el resultado final y lo que es peor, las consecuencias atroces que tiene para la persona esa condena social construido a través de juicios de valor y no a través de los sistemas jurídicos correspondientes. Existe un sentimiento generalizado de odio o repulsa social que presiona para que los medios presenten las pruebas e induzcan así un veredicto y condena social, que no jurídica, que trae consigo desenlaces dramáticos, como lo fue el suicidio de Miguel Blesa, la muerte precipitada de Rita Barberá o el fin de la vida política de Cristina Cifuentes. Contando todos ellos con el denominador común de haber sido sometidos a escarnio público, hasta acabar con ellos.
Esta situación nos retrotrae a los sistemas justicieros que se empleaban en la Edad Media, regresando a un sistema de ridículo público al que aún no ha sido juzgado, ridiculizándolo sin piedad, afectando a la esfera más personal e íntima del ser humano en casos como los mencionados, sin posible reparación alguna para el enjuiciado y su familia. Estamos arrancando de cuajo el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, estamos aniquilando los instrumentos legales que crean un verdadero Estado democrático, libre y avanzado.
Lo que está ocurriendo es que hay un problema en el ejercicio y la gestión responsable de la información de la que disponen los medios en casos que aún están pendientes de una resolución judicial.
Por ello, habría que limitar de algún modo ese derecho a la “libertad de información”. Deberían existir una serie de mecanismos extrajudiciales y judiciales, quizá algún sistema de sanciones automáticas a los medios que se extralimitan sus funciones. Se deberían reforzar las medidas de protección al investigado, los jueces deberían contar con algún medio legal que les permitiera intervenir directamente en estos casos y cortar las informaciones vertidas que no son de interés público, y de esa forma mantener la imparcialidad frente a la presión mediática a la que están sometidos. De esta forma podríamos regular y controlar la información que se da, las consecuencias de ese mal manejo de la información de la que disponen esos medios. Así impediremos la vulneración de los derechos más íntimos de la persona que pueda estar sometida a un procedimiento penal.
Por otro lado, también se debería controlar el derecho al honor, a la intimidad de los procesados de alguna manera. O acaso debe hacerse público el momento en el que esposan a Rodrigo Rato en la puerta de su casa o dónde hace la compra Cristina Cifuentes. ¿En qué se está convirtiendo el sistema judicial español, en una especie de prensa rosa?, ¿cuál es el fin de difundir esas noticias?
Esto debe ser una reflexión no sólo para los medios de comunicación sino también para el sistema judicial español, quizá las diligencias de investigación deberían cortarse en el tiempo, de esta forma se filtraría menos información.
Fátima Rodríguez
Coordinadora del Dpto. Penal
