El Consejo de la Unión Europea ha decidido modificar su marco sobre medidas restrictivas contra el terrorismo introduciendo una excepción humanitaria a las medidas de congelación de activos, inicialmente efectiva durante 12 meses.
Esto permite a determinados agentes humanitarios, en consonancia con la Resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y certificados de la UE o sus Estados miembros, realizar transacciones con las personas y entidades incluidas en la lista sin autorización previa. El objetivo debe ser prestar ayuda humanitaria o apoyar actividades que aborden necesidades humanas básicas. La decisión pretende mejorar la coherencia de las medidas de la UE y alinearse con los socios de la Organización de Naciones Unidas e internacionales, subrayando el compromiso de la UE con una acción humanitaria basada en principios y evitando las consecuencias negativas de las sanciones sobre los esfuerzos humanitarios. Esto intenta reafirmar la dedicación de la UE a la defensa del derecho internacional en su política de sanciones.
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