El miércoles 10 de abril 2013, el Secretario de Estado de la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, acompañado por d.Ignacio Samper, director para España del Parlamento Europeo y
D. Francisco Fonseca, director en España de la Comisión, hanpresentado el trabajo dirigido por José Eugenio Soriano Of Counsel del despacho Lupicinio Abogados y en el que han
colaborado 29 autores, Magistrados, Letrados del Consejo de Estado, Abogados del Estado y Catedráticos. El acto llenó el aforo de la sala de conferencias de las sedes de las instituciones
comunitarias en Madrid.
Comenzó el acto con la intervención del Secretario de Estado que entre otras cuestiones, señaló que la UE carece, por arriba de Constitución y por debajo, de Procedimiento Administrativo.
Como consecuencia de ello, los ciudadanos tienen problemas de situación frente a las acciones de los poderes de las
Instituciones y es necesario, aumentar la seguridad jurídica. Es aquí donde el Procedimiento Administrativo ofrece garantías,
medidas del poder, responsabilidad y control de la acción administrativa de los poderes públicos.
El Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo apoyan decididamente este proyecto de legislación comunitaria. Así, lo acaba de indicar en Madrid muy recientemente (Conferencia en la
Facultad de Derecho de 20 de marzo de 2013) el Defensor, Nikoforos Diamandouros. En igual línea se ha pronunciado Luigi Berlinguer (en
Report with recommendations to the Commission on a Law of Administrative Procedure of the European UnionCommittee on Legal Affairs 12 November 2012), quien próximamente expondrá también
en Madrid esta misma posición, según ha anunciado a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Normalmente, se trataría de un Reglamento Europeo, que tuviera las líneas fundamentales, orientaciones y eventualmente algunos aspectos de detalle so
bre lo que tal legislación puede ofrecer a los ciudadanos y las empresas europeas (y en general a todos los que se relacionen con las Instituciones
comunitarias).
Un Reglamento europeo que contenga los elementos básicos de un procedimiento, supondría por de pronto, una gran economía institucional. En efecto, no tendrán los ciudadanos europeos que esperar pacientemente a que el Tribunal de Justicia acabe consagrando un derecho procedimental (confianza legítima, proporcionalidad, precedente, responsabilidad,
revisión de oficio…), tras años de litigio y para un caso concreto, a veces muy difícil de extrapolar o inducir algún proceso aplicable con carácter
general. En efecto, sucede que, hasta ahora, los descubrimientos de los distintos derechos procedimentales
han sido fruto de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que en no pocas ocasiones ha necesitado de aclaración en ulteriores Sentencias hasta que la doctrina se consolida y aclara definitivamente. Sobre este punto, resulta imprescindible que para “hacer Europa” se cortocircuite el largo y complicado descubrimiento de cada Derecho del administrado en sus relaciones con las Instituciones Europeas. Y, al mismo tiempo, una Institución democrática, como el Parlamento Europeo, pueda en debate
transparente y abierto, conseguir que las reglas básicas y elementales que en los países europeos ya son comunes, logren su unificación a través de un Reglamento Europeo de Procedimiento Administrativo, sobre el cual, ulteriormente, ya hará su Jurisprudencia el Tribunal de Justicia.
El libro presentado recoge, impulsa y desarrolla estas ideas. Dirigido por el catedrático de la Universidad Complutense, José Eugenio Soriano, está elaborado por un granado grupo de profesionales, Magistrados, Letrados del Consejo de Estado, Abogados del Estado y Catedráticos. Todos ellos de probada experiencia, además, en asuntos comunitarios.
El texto, el primero que aborda de manera completa el tema, trata gran parte de las cuestiones que plantea hoy la carencia de una regulación unificada de procedimiento que sirva para fiscalizar el hacer de las Instituciones y permitir así que confíen más en ellas los ciudadanos y, también, las empresas, asociaciones y en general todas las personas jurídicas y personificaciones que pueblan el Derecho Europeo.
El lector del libro va a encontrarse con un pormenorizado estudio de cada pieza del procedimiento europeo, y, además logrará hacerse con las soluciones que se proponen y que, basadas en el Derecho Comparado y en el sentido común (que como decía el conocido Paul Vinogradoff, catedrático de Historia
del Derecho, es la base del Derecho).
A lo largo de sus casi 900 páginas, los autores examinan así todas las instituciones que componen el procedimiento administrativo, de cara a formar un texto único que homog
eneice los derechos e intereses legítimos de los 27 países y ampliándose que conforman el mapa de la Unión. Hay que crear esa cultura común jurídica, fundamento de una potencial equiparación de derechos y deberes entre los ciudadanos europeos que permita así su identificación como tales.
A ello contribuye decisivamente esta obra, que desde luego, será bienvenida como un elemento de importante reflexión sobre el principio de legalidad aplicado a la Administración comunitaria, el principio de igualdad, los de proporcionalidad, subsidiariedad, responsabilidad, reparación de daños, confianza legítima, seguridad jurídica tanto como oberbergriff (supraconcepto) como en su vertiente de certeza del pasado y augur del futuro precaución, buena administración y gobernanza tan necesarios y hoy de moda obligada especialmente en lo que hace al sector financiero
transparencia fundamental para abordar con solvencia cualquier transformación de la Administración comunitaria y finalmente, la codificación y regu
lación completa de los mismos.
El coordinador de la obra, finalizó su intervención, como no podía ser de otra forma felicitando a los autores por la iniciativa y a las Instituciones de la Unión por la buena acogida de la misma, al mismo tiempo que invitó a los autores a culminar el trabajo con el apoyo de firmas de abogados, expertos comunitarios y de todos aquellos que deseen aportar su grano de arena a la construcción de una Europa más sólida.
