Con fecha 26 de octubre de 2017, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad, para determinar si constituye ayuda de Estado no compatible la normativa del Reino Unido que exime a ciertas transacciones de grupos multinacionales de la aplicación de las normas, que el propio Reino Unido tiene establecidas, para evitar la elusión fiscal mediante operaciones dentro de un mismo grupo de empresas.
El Reino Unido ha sido una de las jurisdicciones pioneras en la introducción de una normativa específica anti-elusión para las denominadas “Controlled Foreign Companies” (CFC), que pretende evitar que las empresas residentes utilicen una subsidiaria residente en un territorio de baja o nula tributación para evitar pagar impuestos en el Reino Unido. En particular, estas normas permiten a las autoridades tributarias del Reino Unido imputar a su sociedad residente los beneficios transferidos artificialmente a una subsidiaria offshore, beneficios que, en consecuencia, tributan en el Reino Unido.
Sin embargo, desde 2013 se modificaron las reglas de CFC del Reino Unido para incluir una excepción para ciertos ingresos financieros de grupos multinacionales (p.ej. intereses de préstamos), denominada “Group Financing Exemption”-GFE, que exime de la imputación en el Reino Unido, y por lo tanto de la imposición en dicho territorio, a los ingresos financieros recibidos por la filial en el extranjero de una multinacional establecida en el Reino Unido. Este esquema puede llevar, a juicio de la Comisión Europea, a que se tribute muy poco o incluso nada sobre dichos ingresos financieros, dado que:
- La subsidiaria extraterritorial paga poco o ningún impuesto sobre los ingresos de financiación en su país de residencia; y
- Los ingresos financieros de la subsidiaria offshore tampoco se imputan (o solo parcialmente) en el Reino Unido debido a la exención.
Sin embargo, las reglas de CFC sí obligan a imputar otros tipos de ingresos transferidos artificialmente a las filiales en el extranjero de las empresas matrices del Reino Unido.
La investigación de la ayuda estatal de la Comisión no cuestiona el derecho del Reino Unido a introducir normas de CFC ni a determinar el nivel apropiado de imposición, pero la Comisión manifiesta tener dudas sobre si la “Group Financing Exemption” cumple con las normas de la UE sobre ayudas estatales, y en particular sobre si esta exención es coherente con el objetivo general de las normas del CFC del Reino Unido.
Hay que tener en cuenta que tras la adopción por la UE de la Directiva 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (Directiva ATAD), se espera que todos los Estados miembros de la UE introduzcan normas de CFC en su legislación a partir del 1 de enero de 2019, y que en dicha Directiva ATAD no se prevén exenciones específicas como la “Group Financing Exemption” objeto de la investigación que se anuncia.
Aunque la apertura de este expediente brinda al Reino Unido y a los terceros interesados la oportunidad de presentar comentarios, y no prejuzga el resultado de la investigación, constituye una llamada de atención para aquellos grupos que estén utilizando estructuras de financiación al amparo de la normativa objeto de la investigación, puesto que podrían verse, en su caso, obligados a ingresar las ayudas cuya recuperación pudiera ordenar al Reino Unido la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
