En el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado 25 de febrero aparecen publicadas 9 disposiciones jurídicas mediante las cuales la UE articula su 10ª ronda de sanciones a Rusia. Las principales novedades son las siguientes:
La Decisión (PESC) 2023/432 y El Reglamento (UE) 2023/426 han ampliado a nuevos bancos sancionados las excepciones previamente establecidas en cuanto a la congelación de activos y permite a uno de ellos el procesamiento de pagos por parte de la Conferencia de Reclamaciones Judías. También introducen una exención temporal que permite la enajenación o transferencia de valores por parte de una entidad establecida en le UE que esté controlada por una entidad concreta sancionada. También adoptan determinadas medidas de transitoriedad.
Especial relevancia tienen las puntualizaciones que introducen sobre el deber de información y de cooperación que se impone a cualquier persona física o jurídica respecto de los bienes y activos congelados o que se deben congelar o sobre aquellos que hayan sido objeto de operaciones en las dos semanas previas a que sus titulares sean incluidos en las listas de sancionados. De esta manera se obliga de manera general, aunque respetando la confidencialidad y el secreto profesional, a cualquier sujeto a proporcionar información detallada sobre dichos bienes y activos a las autoridades nacionales competentes.
La Decisión (PESC) 2023/434 y el Reglamento (UE) 2023/427 han ampliado sensiblemente las restricciones de naturaleza comercial contra Rusia. Debemos destacar las siguientes. Se prohíbe el tránsito por territorio ruso de bienes y tecnologías de doble uso y armas exportados desde la UE. Los operadores de aeronaves de vuelos no regulares entre Rusia y la UE, incluso operados a través de un tercer país, tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes toda la información sobre tales vuelos antes de su realización.
Los nacionales rusos o las personas físicas residentes en Rusia no pueden ocupar puestos en los órganos de gobierno de los propietarios u operadores de las infraestructuras críticas, las infraestructuras críticas europeas y las entidades críticas. La definición de estos últimos conceptos se ha incluido en la nueva redacción del artículo 1 del Reglamento.
También queda prohibido proporcionar capacidad de almacenamiento en instalaciones de almacenamiento subterráneo a nacionales rusos, personas físicas residentes en Rusia o personas físicas y jurídicas establecidas en Rusia, así como a las personas jurídicas propiedad en más del 50% de estas últimas o que actúen en su nombre o bajo su dirección.
Se añaden más de 90 entidades a la lista de empresas que apoyan el complejo industrial militar ruso (anexo IV) y con las que en consecuencia está prohibido operar. Igualmente se incluyen dos empresas más en la lista de emisoras sancionadas (anexo XV).
También se amplía notablemente la relación de bienes y tecnologías que puedan contribuir a la mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad (anexo VII). De la misma manera se aumenta la relación de productos relacionados con la aviación o la industria espacial (anexo XI) y la de productos que no se pueden importar a la UE en cuanto que generan ingresos significativos a Rusia (anexo XXI).
Sobre varias de estas prohibiciones se establecen reglas de transitoriedad en razón de los concretos bienes de que se trate o de las cantidades de los mismos.
La Decisión (PESC) 2023/432 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/429 añaden 87 personas físicas y 34 entidades a las listas de sujetos sancionados con la congelación de sus bienes. Entre las primeras se encuentran personas dedicadas a muy variadas actividades y a las que se imputa muy diversos motivos (políticos y funcionarios de los territorios anexionados, miembros de la Duma Estatal, miembros del Consejo de Seguridad de la Federación, viceministros, militares, responsables del traslado y adopción de menores ucranianos, periodistas y responsables de medios de comunicación, empresarios, varias personas de nacionalidad iraní implicadas en el sector de los drones y su suministro a Rusia, etc.).
En cuanto a las personas jurídicas se incluyen, entre otras, organizaciones políticas, el Fondo de Bienestar Nacional de la Federación de Rusia, empresas del sector de la defensa, reaseguradoras, medios de comunicación y varios bancos (Alfa-Bank JSC, Rosbank y Tinkoff Bank JSC).
La Decisión (PESC) 2023/431 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/428, relativos a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Mali, añaden al jefe del Grupo Wagner en dicho país, a la lista de personas físicas sancionadas.
La Decisión (PESC) 2023/433 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/430, relativos a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos, sancionan a 8 personas físicas y 7 entidades vinculadas con el Grupo Wagner y sus actividades militares y comerciales en África.
Valoración del 10º paquete de sanciones europeas contra Rusia: se puede decir que en general estamos ante unas normas que amplían y puntualizan sanciones previas, en el sentido de que su ámbito abarca a más personas físicas y jurídicas y a más bienes y tecnologías. Realmente, en cuanto a nuevas figuras restrictivas no se trata de disposiciones muy novedosas, salvo en lo que se refiere a las prohibiciones de acceso a puestos de gobierno en empresas que operan determinados sectores relevantes europeos y a la capacidad de almacenamiento.
Posiblemente estamos ante un paquete de sanciones que se ha quedado corto respecto de lo que deseaban las autoridades de la Unión y los Estados miembros partidarios de la línea mas dura. La actitud de algunos países más moderados ha provocado que las sanciones no hayan llegado a afectar a determinados sectores, como puede ser el de la energía nuclear o a determinadas empresas rusas importantes que operan en el mismo.
No obstante, no se puede minimizar la importancia práctica de este décimo paquete de sanciones contra Rusia. En efecto, al alcanzar a muchas más personas físicas y jurídicas y también a muchos más bienes y tecnologías su incidencia en las relaciones económicas con dicho país es muy significativa y las empresas deben estar muy atentas a las novedades ampliatorias que implica.
Colaboración: José Luis Iriarte, Académico y Senior Legal Counsel.
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