El paquete de sanciones reversibles que la UE ha impuesto a la Federación de Rusia por “desestabilizar” a Ucrania no supone otra cosa que un intento de amenaza de asfixia a la capacidad de financiación de las empresas públicas rusas en busca de un levantamiento sólido del alto al fuego, algo en lo que el Gobierno ruso y ucraniano han trabajado profusamente durante las últimas semanas.
Los grandes perjudicados de estas sanciones serán los ciudadanos rusos que verán cómo su Estado reduce su capacidad de financiación a la vez que las empresas gasistas perderán recursos y capacidad de suministro y extracción. Pero el endurecimiento de las sanciones respecto a las aprobadas el pasado mes de julio es especialmente significativo en lo que a los servicios financieros afecta. Así y entre otras, se prohíben las operaciones financieras por empresas establecidas en Rusia dedicadas al diseño, producción, venta o exportación de equipos o servicios militares y entidades establecidas en Rusia sujetas a control público o con más del 50% de propiedad pública que posean activos superiores a un billón de rublos –unos 31 000 millones de euros-, y cuyos ingresos provengan en un 50% de la venta o transporte de petróleo o productos petrolíferos. Esta medida, que incluye también a los intermediarios, afecta a empresas estatales como la petrolera Rosneft, la gestora de oleoductos Transneft o a la filial del gigante gasístico Gazprom, Gazprom Neft, primer proveedor energético de Europa.
Por otra parte, el sistema bancario ruso tendrá que soportar el aislacionismo en materia de financiación en los mercados internacionales. Así, lo que la UE y EE.UU. está forzando es un ‘corralito’ financiero que provocará que Rusia, junto a sus aliados tradicionales, cree un mercado de financiación paralelo junto a grandes potencias no alineadas, como China, India o Irán. No nos cabe duda de que estas alianzas competirán con los canales tradicionales de financiación en manos de europeos y norteamericanos. Además, todo acontece en un mes estratégico como es septiembre, en el que los europeos negocian las compras de gas –que no son por el momento objeto de sanción- para el invierno. De suceder todo esto, en juego está la entrada en una posible tercera recesión de la economía europea.
Libertad de expresión
Pero además y una vez más, la Unión Europea actúa en contra de su esencia democrática y de los principios que la sustentaron tras la Segunda Guerra Mundial. Los argumentos que esgrime el Consejo Europeo son inaceptables desde el punto de visto jurídico e irían en contra de muchos derechos fundamentales recogidos en las Constituciones de muchos países de la UE y los principios del comercio internacional. Recordemos que en la misma resolución de sanciones aparecen disposiciones que sancionan acciones que presuntamente menoscaban la integridad de Ucrania y en las que se incluyen, por motivos bastante sorprendentes como es, entre otros, “manifestar opiniones políticas”, a más de una decena de personas físicas de nacionalidad rusa. Es decir, si aplicáramos esos mismos principios para los ciudadanos de la UE, el Consejo debería incluir también en las sanciones a aquellas personas que en su soberano ejercicio pacífico de libertad de expresión, defienden la separación de Escocia, Cataluña o la adhesión de Gibraltar a España.
La UE ha sugerido que el paquete de sanciones será revisado a finales de este mes “a tenor de las circunstancias”, o en otras palabras, a la espera de cómo será la reacción rusa que podría ir enfocada a restringir su espacio aéreo a las aerolíneas comunitarias y estadounidenses, al veto de compra de automóviles y aviones Airbus y Boeing, y al recurso a las sanciones frente a la Organización Mundial del Comercio, creando un precedente jurídico internacional cuyo fallo, fuera en la dirección que fuera, abriría una nueva era en las relaciones internacionales de todo el planeta.
