El Consejo de la UE y el PE alcanzan un acuerdo sobre la transmisión de procedimientos judiciales que contribuirá a luchar más eficazmente contra la delincuencia transfronteriza.
El reciente acuerdo entre la Presidencia belga del Consejo y el Parlamento Europeo sobre una propuesta de ley de la UE relativa a la transmisión de procedimientos en materia penal supone un avance significativo en el planteamiento de la Unión Europea sobre la delincuencia transfronteriza. Esta legislación introduce un marco estructurado, estableciendo normas esenciales para la transmisión fluida de procedimientos penales entre los Estados miembros de la UE, con el objetivo general de garantizar que tenga preferencia el país mejor equipado para llevar a cabo una investigación o un enjuiciamiento exhaustivos.
Puntos clave de las normas acordadas:
1. Criterios para la transferencia de procedimientos:
– La legislación establece criterios específicos para decidir cuándo y en qué circunstancias pueden transferirse los procedimientos penales. Factores como la localización del delito, la nacionalidad o presencia de sospechosos, y la localización de pruebas y testigos cruciales constituyen la base para tomar estas decisiones.
2. Plazos y proceso de toma de decisiones:
– La ley impone un plazo de 60 días al país que recibe una solicitud de traslado para tomar una decisión sobre su aceptación o denegación. En casos excepcionales, este plazo puede prorrogarse 30 días más.
3. Derechos de los sospechosos, acusados y víctimas:
– Reconociendo la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales, la legislación garantiza que los sospechosos, acusados y víctimas sean informados de la intención de trasladar los procedimientos. Además, se les brinda la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el traslado propuesto, fomentando la transparencia y la imparcialidad a lo largo de todo el procedimiento judicial.
4. Recurso legal efectivo:
– Un aspecto crucial del acuerdo es el establecimiento del derecho a un recurso legal efectivo para sospechosos, acusados y víctimas contra las decisiones relacionadas con la remisión de procedimientos penales. Se establece un plazo conciso de 15 días para interponer recursos legales.
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