Madrid, 27 de enero del 2016.- El histórico e “insensato” –según definición del The New York Times en octubre del 2014- embargo financiero y comercial a Cuba entra en fase crítica. Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, de sus siglas en inglés) ha aprobado un nuevo levantamiento de restricciones sobre las Regulaciones de Control de Asuntos Cubanos (CACR, de sus siglas en inglés), que son el conjunto de normas que regulan lo que comúnmente se denomina al embargo a Cuba. Pero antes, resulta importante señalar que desde el anuncio del restablecimiento de relaciones entre ambas naciones el 17 de diciembre del 2014, el Ejecutivo estadounidense ha aprobado un buen número de enmiendas a las CARCs a través de la derogación de algunas restricciones, pero solo a aquellas no reguladas por Ley del Congreso. En estas últimas y con vistas a su potencial derogación, únicamente esta institución es la competente. En cualquier caso, este nuevo paquete de liberaciones resulta un nuevo paso en la travesía por llevar el debate del levantamiento del embargo al Congreso de los Estados Unidos.
Ya respecto a las nuevas enmiendas presidenciales a las CACRs que entran en vigor hoy, éstas afectan a tres sectores: financiero, transporte aéreo y viajes. Respecto al primero, se levantan, entre otras, restricciones a ciertas exportaciones y reexportaciones que se suman a las ya aprobadas en enero y septiembre del 2015. En esta ocasión, afectan al software destinado a organizaciones humanitarias y oficinas oficiales de EE.UU. en Cuba, a servicios de telecomunicaciones, a la exportación de insecticidas y pesticidas, a las reexportaciones desde terceros países de artículos estadounidenses destinados a actividades científicas, culturales, ecológicas y deportivas, y a todo aquel material destinado a garantizar la seguridad en la aviación civil, incluidas las aerolíneas del Estado cubano. Estas liberaciones conllevan la autorización a bancos comerciales estadounidenses o de terceros países a conceder créditos y proveer de financiación –incluidas cartas de crédito-, a tales exportadores y reexportadores.
Las enmiendas reflejan explícitamente la vigencia de la denegación de exportaciones y reexportaciones de artículos por parte de empresas estatales, agencias u organizaciones del Gobierno cubano que generen ingresos para el Estado, tales como la minería y el turismo, así como material estadounidense destinado al ejército, policía y servicios de seguridad e inteligencia cubanos. Por otra parte, las ventas al sector agrícola, por estar sujetas a Ley del Congreso, siguen estando exigidas mediante pago en efectivo y por adelantado.
En relación al transporte aéreo, la OFAC permite la entrada de aeronaves cubanas en espacio aéreo estadounidense y al código compartido. Los viajes autorizados a Cuba se amplían a la filmación y grabación de películas e informativos, a grabaciones musicales y a la creación artística en Cuba, incluyendo la posibilidad de contratar a personal cubano. También se autorizan los viajes de negocios y la asistencia a conferencias y encuentros profesionales en Cuba, y el viaje de deportistas amateurs y semiprofesionales para participar en competiciones, encuentros y exhibiciones en Cuba. Por último, se amplía la lista de proyectos humanitarios estadounidenses que pueden actuar en la Isla.
Cuba ya ha definido estas nuevas liberaciones como “otro paso de avance” en las relaciones entre ambos países que “ayudan a debilitar las estructuras que sostienen el bloqueo”. Pese a ello, han mostrado contrariedad al no autorizarse, por el momento, el uso del dólar estadounidense en las transacciones financieras internacionales cubanas, la exportación de la llamada “alta tecnología” a empresas del Estado cubano y quizá lo que sería el golpe mortal al embargo: la liberalización del turismo estadounidense.
Por el momento sigue sin haber novedades respecto a los viajes de ocio, y el turismo estadounidense en Cuba sigue estando expresamente sancionado, cuya prohibición solo puede ser derogada por el Congreso de los EE.UU. Cuba recibe actualmente unos 2,5 millones de turistas al año, sector que abarca, junto al inmobiliario, el 52% de la inversión extranjera en el país. Es factible pensar que una apertura estadounidense en este sentido catapultaría a Cuba hasta los diez millones de turistas en el año 2020, situándose entre la decena de países más visitados del mundo. En la práctica, esta concesión por parte del Congreso de los EE.UU. supondría un levantamiento de facto del embargo estadounidense. En este escenario, las CACRs, en el caso de no ser definitivamente levantadas, quedarían en un limbo legal de exigua aplicación práctica, tal y como viene sucediendo con la llamada ‘Posición Común’ de la Unión Europea sobre Cuba.
