Con fecha de 17 de abril de 2024, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de reinstaurar ciertas sanciones específicas al sector de petróleo y gas de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción se produjo en respuesta a la inhabilitación de María Corina Machado, una figura prominente de la oposición venezolana.
La reinstauración de las sanciones se justificó por la falta de apertura del proceso democrático por parte del gobierno de Nicolás Maduro, contraviniendo los compromisos adquiridos en octubre con la oposición mayoritaria, reunida en la Plataforma Unitaria, en los acuerdos firmados en Barbados.
Como consecuencia directa, expiró la Licencia General 44, que permitía a la mayoría de las compañías petroleras estadounidenses operar en Venezuela, y a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de energía, vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas.
En lugar de la Licencia General 44, el Gobierno de Estados Unidos anunció la emisión de la Licencia General 44A. Todas las actividades amparadas por este acuerdo deberán finalizar antes del 31 de mayo, proporcionando a las empresas un plazo de 45 días para reducir sus operaciones en Venezuela.
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